domingo, 16 de diciembre de 2012

Entresemana Tersura legislativa y el espejo retrovisor. Por Moisés Sánchez Limón

MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
Desde 1997, cuando la oposición PVEM, PAN, PRD y PT le dio golpe legislativo a Arturo Núñez Jiménez, entonces presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, con la desaparición de éste órgano camaral, las negociaciones del paquete económico caminaron a trompicones de desencuentros y descalificaciones.
Quince años después, la abrupta ruta para aprobar Ingresos y Egresos de la Federación se desliza en la tersura de los acuerdos, los consensos que, sin duda, derivan del Pacto por México, aunque pareciera más un asunto de rubor y pena ajena de senadores y diputados cuyos bonos están sobremanera desprestigiados.
Vaya contrastes. Tensas y severas fueron las discusiones de la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2002, por ejemplo, al grado de que entonces Beatriz Elena Paredes Rangel inventó aquello del “reloj legislativo” que permitió violentar la ley y llevar la discusión y aprobación del gasto público hasta el amanecer del 1 de enero de ese año.
La pérdida del control camaral, por el entonces diputado federal priista Arturo Núñez Jiménez, hoy gobernador electo de Tabasco y que a toda costa pretende borrar las huellas de su pasado en el PRI, y luego la debacle política que le implicó perder la Presidencia de la República, fue para el Revolucionario Institucional un sendero cuesta arriba en el que sus gobernadores no abonaban en la negociación de los recursos federales; faltos de línea y conducción, simplemente jalaban agua para su molino.
Hoy, con tiempos acotados por la propia Constitución que determina la entrega del paquete económico con fecha ponderada en el 15 de diciembre y la aprobación de éste a más tardar el día último del año, por tratarse del primero de la gestión presidencial en turno, contrasta la disposición de los legisladores federales en la tarea de negociar, consensuar y aterrizar ingresos y egresos.
Quiérase que no, hay palabra empeñada de todos los colores y siglas, y se orienta en el basamento del Pacto por México, en el imperativo de garantizar que los recursos públicos tengan un buen destino y un mejor uso. Las reformas que van aparejadas de primera instancia, lo mismo en rendición de cuentas que en educación y en el ámbito laboral, auguran otros tiempos, en los que la corrupción y la impunidad sean combatidas severa y ejemplarmente.
Porque eso es lo que esperan los mexicanos hartos de impunidades, vicios burocráticos, corruptelas en el ejercicio del gasto público. Sí, pero los nuevos funcionarios públicos no se gasten el tiempo en ese espejo retrovisor que es el cobro de facturas. Que se aplique la ley y punto. ¿Qué se ganan con hablar mal de sus antecesores? Si algo estuvo mal, que lo denuncien. Lo otro sería complicidad y demagogia.
Porque, mire usted, si algo requiere el país, es armonía y que los disensos se conduzcan por las vías del diálogo. En las bancadas del PRD en el Congreso de la Unión existen divergencias que, pese a todo, no impactan a las negociaciones respecto de reformas y del gasto público. Las tribus lopezobradoristas andan mermadas y no tardan en irse a Morena.
Lo del PAN es otro asunto. Ahí, las diferencias se orientan a la diáspora albiazul, consecuencia de la pésima articulación del liderazgo de Gustavo Enrique Madero. Por ello, para qué se gastan el tiempo los nuevos funcionarios en hablar mal de sus antecesores. Ahí está la ley contra los ladrones de cuello blanco que han apostado a la impunidad. Digo.

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