Nada tendría de novedoso abordar el tema de la corrupción cuando su práctica es deporte nacional. Cíclicamente dizque se legisla para combatir ese delito, pero su comisión lejos de inhibirse prospera con nuevos métodos; ante endurecimiento de sanciones, sofisticados procedimientos. Al final robar es robar, delinquir impunemente.
En la recurrente mecánica sexenal de mirar hacia el pasado inmediato, los críticos y honestos funcionarios públicos y legisladores de las camadas recicladas en el poder, terminan por asumir culpas y aceptar que los pillos de cuello blanco no se han ido y nunca se irán del sector público; se miran en el espejo. Corrupción y demagogia enmarcan al reflejo en la plata pulida.
De la misma forma se reciclan los justicieros, legisladores o funcionarios públicos que, con la mano en el corazón o en alto juran cumplir y hacer cumplir a la Constitución General de la República y a las leyes que de ella emanan, para caer en el gatopardismo o el anuncio de impacto mediático que se imagina al perro que se corretea la cola en el esfuerzo infinito de nunca alcanzársela.
Ahí tenemos el ejemplo de la minuta que recibió este martes la Cámara de Diputados, que reforma diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, y que entraña incrementar de 40 a 80 años de prisión las penas contra secuestradores y, cuando haya agravantes, de 50 a 140 años de prisión.
Una pregunta de estricto sentido común implica por qué no legislar en materia de cadena perpetua, conforme con las agravantes en la comisión del delito de secuestro, y se dejan de eufemismos o dilación de justicia con reformitis cada tres años. ¿Cuál es el temor?
La respuesta tiene su marco de referencia en el proceso electoral: vende y gana votos el candidato que ofrece impulsar sanciones hasta por 140 años de prisión al delito de secuestro. ¿Quién vivirá ese tiempo para cumplir la pena tras las rejas?
Es broma de mal gusto. Porque, mire usted, la propuesta de reforma al artículo 11 del Código Penal Federal, dispone: “si la víctima es privada de la vida por los autores o partícipes de los mismos, se impondrá a éstos una pena de 80 a 140 años de prisión y de 12 mil a 24 mil días de multa”. ¡Ajá! Se muere en prisión y paga. ¡Claro!
Y de la demagogia y el efecto mediático, la otra parte en la que se asume que nada se ha avanzado en más de 30 años y que aquella invocación electorera del entonces candidato presidencial Miguel de la Madrid Hurtado, “La Renovación Moral de la Sociedad”, fue frase hueca que dio pauta a la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, patíbulo para el cobro de facturas políticas que fue y cuyo último vestigio, la Secretaría de la Función Pública está en fase terminal con el anunciamiento del parto justiciero de la Comisión Anti corrupción, o como se le quiera llamar al engendro con el que --ahora sí, según los padres de la patria y el gobierno de Enrique Peña Nieto—se combatirá a la corrupción en los sectores público y privado.
¿Han prosperado los mecanismos de la Auditoría Superior de la Federación para combatir a la corrupción en los tres niveles de gobierno? En el discurso se asume como una batalla que avanza e inhibe su práctica, aunque en cada informe de la ASF aparecen las irregularidades, las inconsistencias en el gasto público, evidencias de robos de dineros incluso en instituciones de educación superior, como la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
O qué decir del informe del análisis de la Cuenta Pública de 2012 en el que se reporta que “la Comisión Nacional de Protección Social en Salud transfirió, mediante el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, subsidios a 31 entidades federativas para el desarrollo de las estrategias del componente de salud. Al respecto, 27 entidades federativas no ejercieron mil 105.6 millones de pesos; asimismo, 26 reportaron como ejercidos mil 265.8 millones de pesos sin acreditar su correcta aplicación”.
¿Nuevos ricos entre funcionarios que se encargaron de “ejercer” dichos dineros? Es informe que atañe al último año del gobierno de Felipe Calderón, pero la corrupción galopa en la actual administración.
Veamos. Perdido entre el cúmulo de información política y legislativa que apresuraba el paso hacia el asueto de la Semana Santa, circuló un boletín de prensa que, el pasado martes 15 de abril, daba cuenta del exhorto, no exigencia ni demanda, del coordinador de los diputados federales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega, para que los 31 congresos estatales –por supuesto el de la Unión y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal también--, reclasifiquen el delito de peculado como grave, en sus correspondientes ordenamientos penales.
De acuerdo con el boletín, Escobar y Vega “reconoció que se ha incrementado la actitud de no rendición de cuentas por parte de las instituciones y servidores públicos, principalmente en las administraciones públicas de los estados, donde existe la necesidad de incrementar la vigilancia sobre su gasto público y lograr que la transparencia y el acceso a la información no sigan siendo asignaturas pendientes”. El cuento de nunca acabar. Corrupción y demagogia. Digo.
MIÉRCOLES.- El affaire entre los senadores Javier Lozano Alarcón y Manuel Bartlett Díaz tiene mucho de cinismo. ¿Quién de ellos con calidad moral para hablar de ética? Cuestión de hurgar bajo sus alfombras. Digo.
@msanchezlimon
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