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| MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN |
Será el sereno, pero la
reacción del general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos
Zepeda tiene dos vertientes: una de elemental acto de contrición y su status
inédito en ese ámbito de las fuerzas armadas. Ofrecer sentidas disculpas por
actos de tortura cometidos por dos de sus subalternos, es asunto que entraña
nuevos tiempos de la sociedad mexicana.
También lo es, acto de
contrición, el hecho de que el coordinador de los diputados federales de Nueva
Alianza, Luis Alfredo Valles, haya emplazado a las autoridades financieras y a
la Procuraduría General de la República para investigar al diputado de su
bancada, José Bernardo Quezada Salas y determinar si existió una compra de
condominios en Miami, Estados Unidos y en todo caso, si hay alguna ilegalidad
en ello.
El general secretario
ofreció la disculpa pública en un acto diseñado ex profeso y antes un buen
número de militares de diverso rango, a quienes recordó la pauta de honestidad
y respeto a los derechos humanos, que deben privilegiar en su desempeño.
El diputado coordinador
Luis Alfredo Valles, atendió el caso del escándalo de Quezada Salas en una
conferencia de prensa informó: “Solicitaremos a la dependencia que encabeza la
maestra Arely Gómez González que se investigue a profundidad este asunto y
determine e informe a la sociedad los resultados”.
Ambas posturas encuadran
este nuevo esquema de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, aprobado este martes por el pleno de la Cámara de Diputados –con 396
votos a favor y 34 abstenciones--, porque sin duda los casos de los militares
que, junto con un agente federal torturaban a una mujer en el estado de
Guerrero, y el del maestro multimillonario que hoy es diputado federal no
tardarían en ser expuestos profusamente merced a la obligada apertura y entrega
de información.
Veamos. Al diputado
federal neoaliancista José Bernardo Quezada Salas, miembro de la dirigencia nacional
del gremio magisterial, lo pillaron con los dedos entre la puerta. Su caso –al
margen de si ha incurrido o no en un delito—evidencia el imperativo de aprobar
las reforma en materia de transparencia.
En la víspera, al
vicecoordinador de la diputación federal priista, Jorge Carlos Ramírez Marín, los colegas en la
Cámara de Diputados le preguntaron acerca de los temas legislativos que habrá
esta semana, en las tres sesiones plenarias previstas. El Congreso de la Unión
está en la recta final del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año
de la LXIII Legislatura.
“Vamos a trabajar martes,
miércoles y jueves”, informó el político yucateco y acotó: “El martes vamos a
tener una sesión, asumimos que va ser larga, para votar la Ley Federal de
Transparencia, le vamos a dar publicidad y vamos a votar el miércoles las
modificaciones a la ley del Infonavit.
“Vamos a votar también la
integración de la Comisión Bicameral de Transparencia para garantizar la
transparencia, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.
Esto pone al Congreso, prácticamente al día en esta materia y creo que es un
motivo para sentirnos mucho más tranquilos, pues los plazos se nos estaban
venciendo.
“El jueves vamos a tener
sesión y pretendemos votar reformas en materia de la Secretaría de la Función
Pública, devolviéndole funciones que originalmente, es decir, al inicio de esta
administración se habían transferido a la Secretaría de Hacienda; y vamos a
votar las reformas en materia penal para el fuero militar, que prácticamente
homologan o actualizan la justicia militar en los mismos términos que la
justicia civil”. Y se cumplen los tiempos.
Y, vaya, toda esta agenda
legislativa tiene, en el diputado Quezada Salas, al legislador representativo
de lo que se ha pretendido atacar desde hace décadas. En materia de corrupción
en el sector público, el arranque formal fue en 1983 cuando se formalizó la
creación de la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación,
hoy en vías de un tercer aire como Secretaría de la Función Pública, cuyo
titular no cuenta con las mejores cartas de recomendación.
Hace tres lustros la
prioridad de saber qué y cómo se gastan los recursos públicos y de qué tamaño
es la honestidad de funcionarios públicos y entes –como sindicatos y partidos
políticos—en términos de transparencia sin recovecos ni letras chiquitas, dio
la pauta a lo que hoy es el Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública, que ayer firmó convenio de colaboración con la Cámara de Diputados.
La previsión de Ramírez
Marín, referida en la víspera por Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la
mesa directiva de la Cámara baja, este
martes se cumplió con las reformas relativas a transparencia y rendición de
cuentas, un mecanismo legal que obliga a todos, todos, todos los entes que
utilizan o son beneficiarios de recursos públicos.
¿Acatarán líderes
sindicales y partidistas, directivos de organizaciones civiles, legisladores
locales y federales y, en fin, todos aquellos que reciben recursos públicos,
las reglas que apruebe la Cámara baja”.
Bueno, lo cierto es que
hay quienes apuestan a la impunidad y se resisten a, por ejemplo, ajustarse a
medidas civiles como el plan 3 de 3, que implica la rendición de cuentas y
hasta las relaciones personales que pueden pautar conflicto de intereses.
Seguramente puede ser este el caso del diputado de Nueva Alianza, pillado en
compras millonarias, no de hoy, pero sí de años recientes en Estados Unidos.
El diputado José Bernardo
Quezada Salas respondió al diario Reforma lo publicado el domingo último y que
deja en entredicho su honestidad.
Asegura que “todas las
actividades empresariales que realizo y he realizado, desde hace ya muchos
años, incluida mi participación en la sociedad que adquirió los departamentos
señalados, han sido con recursos lícitos, a través del sistema bancario y en
términos de la legislación nacional e internacional aplicables”
Y ofrece: “En el caso que
alguna autoridad me requiera, me presentaré a colaborar, sin escudarme en el
fuero, para aclarar este asunto”. ¿Recursos lícitos? Es una millonada que, aun
como dirigente sindical, con emolumentos normales a su nivel, no los reuniría.
Sí, urge que entre en
vigor la reforma que meta en cintura a quienes andan por ahí con el manto de la
honestidad que es piel de oveja. Porque en medio de la opacidad legislativa se
han amasado fortunas de clara procedencia: recursos públicos. Conste.
MIÉRCOLES. El viernes le
platico acerca de esa entrevista que Ciro Gómez Leyva hizo a la doctora María
Teresa Guerra Ochoa contra, casualmente, el candidato del PAS al gobierno de
Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, cuya campaña crece en el estado y, por tanto,
hay intereses para desbarrancarlo. Digo.
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